El Concejo Deliberante de San Martín de los Andes rechazó el jueves 3 de septiembre de 2026, por 7 votos contra 4, la moción para llevar adelante el procedimiento de juicio político contra el intendente Carlos Saloniti. Antes, el jefe comunal respondió detalladamente a los seis cargos con los que una vecina impulsaba el enjuiciamiento.
El intendente utilizó casi cuatro horas para referirse a los cargos sobre el sistema de saneamiento y el lago Lacar; la deuda con el Ente Provincial de Energía (EPEN); los controles de las obras en el Cerro Chapelco; la supuesta obstrucción de la Contraloría Municipal; supuesto desacato a una Medida Cautelar y el Convenio Colectivo de los trabajadores municipales; y la falta de participación ciudadana en el Plan de Ordenamiento Territorial.
Tras la exposición, el Concejo Deliberante pasó a un cuarto intermedio al cabo del cual se pronunció por el rechazo a la moción de avanzar con un proceso de Juicio Político.
Votaron a favor del juicio político los concejales Paula Vives, César Meza, Sol Petagna y Marcela Valenzuela.
Los siete concejales que rechazaron el enjuiciamiento fueron Roberto Sicilia, Jovita Brondo, María Laura Da Pieve, Pabo Padilla, Carlos Menéndez, Santiago Fernández y Natalia Vita.
Saloniti estuvo acompañado en el recinto por sus secretarios y, en el recinto, además de los concejales, estuvieron el Defensor del Pueblo y del Ambiente, Fernando Bravo; y el juez de Faltas, Carlos Sánchez Galarce. Fuera del edificio, representantes y afiliados de los sindicatos ATE, UTA; comisiones barriales, organizaciones sociales, instituciones deportivas y representantes de entidades de culto.
Las respuestas del jefe comunal incluyeron datos técnicos rigurosos, antecedentes administrativos, citas de expedientes y contextos sociales y políticos en la toma de decisiones. Con ese material, que llevó al Concejo Deliberante encarpetado y colocado en cajas, Saloniti refutó cada uno de los argumentos utilizados por la denunciante. Una copia de la documentación utilizada quedó en el Legislativo comunal.
“No les pido que compartan cada decisión de mi gobierno. No les pido que dejen de controlar. Les pido rigor y, recién después de hacer ese análisis, que se pregunten cuál es exactamente la conducta personal que se me atribuye”, señaló el intendente, luego de responder cada acusación con la que la denunciante pretendió generar un proceso de Juicio Político que hubiese significado, en primera instancia, la suspensión del cargo del jefe comunal.
“Sé que muchas veces los vecinos están cansados. Quien espera una calle, una vivienda, una cloaca, una respuesta o una solución ambiental no quiere escuchar hablar de competencias y expedientes. Quiere una solución. Lo comprendo. Y ésa es una de las partes más difíciles de gobernar: saber que detrás de cada expediente hay una persona, pero también saber que cada decisión utiliza recursos que pertenecen a todos”, afirmó.
