Valeria Lopez Oronoz, presentó en la mañana del lunes 3 de agosto de 2026, un pedido formal de juicio político al intendente de San Martin de los Andes Carlos Saloniti.
En diálogo con FM del Lago detalló a Flavio Horacio Correa las razones por las cuales presentó por mesa de entrada del Concejo Deliberante el pedido que consta de treinta fojas.
Expresó que “como vecina de San Martín de los Andes, no puedo permanecer indiferente ante la degradación de nuestro entorno natural, el desorden financiero y la falta de respuesta institucional. Cuando los canales administrativos se agotan y las intimaciones son desoídas, la Carta Orgánica nos otorga a los ciudadanos la herramienta del juicio político para exigir responsabilidades a quien nos gobierna.”
La denuncia que radicó se funda en seis órdenes de hechos graves, actuales y documentados:
1. Colapso del sistema cloacal y contaminación ambiental: La omisión sostenida de adoptar medidas frente a la saturación de las plantas PTE-1 y PTE-3 y los reiterados vuelcos de efluentes al Lago Lácar y a los arroyos Pocahullo y Calbuco, ignorando las advertencias de la Defensoría del Pueblo y las intimaciones formales de la Administración de Parques Nacionales.
2. Deuda con el EPEN y corte de energía a dependencias públicas: La mora acumulada con el ente provincial que derivó en el corte del suministro eléctrico al Palacio Municipal y al Concejo Deliberante —pese a que los vecinos pagamos mensualmente la contribución para cubrir esos consumos— y el riesgo agravado por la falta de energía de respaldo en la planta PTE-1.
3. Incumplimiento de orden judicial: La negativa a ejecutar administrativamente la medida cautelar dispuesta por el Tribunal Superior de Justicia sobre cláusulas inconstitucionales del Convenio Colectivo de Trabajo.
4. Daño ambiental en el Cerro Chapelco: La falta de control oportuno sobre obras de gran envergadura y la autorización de su continuidad sin Evaluación de Impacto Ambiental previa concluida, cuyo daño ambiental el propio Ejecutivo terminó reconociendo por decreto.
5. Obstrucción al órgano de control: La falta de investigación y la descalificación pública frente a los graves hallazgos denunciados por la Contraloría Municipal.
6. Vicios en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT): La elusión de la audiencia pública obligatoria que exige la Carta Orgánica y la existencia de registros públicos infieles en el proceso participativo.
