El gobierno de Rolando Figueroa finalmente presentó el lunes 3 de agosto de 2026 ante la Legislatura el proyecto para que las tierras fiscales de Neuquén solo se puedan adjudicar o comercializar a personas físicas y jurídicas de Argentina.
“Queremos que sea prioritariamente para neuquinos y argentinos con arraigo y vinculación efectiva con nuestra provincia, para impulsar nuestra producción, turismo, empleo y desarrollo sostenible”, escribió en sus redes el mandatario.
El texto, que ingresó en la Cámara, propone la modificación del artículo 1 de la ley 263 de Tierras Fiscales para que los inmuebles de este tipo solo se puedan vender o arrendar a personas humanas o jurídicas argentinas dentro de la provincia.
Al argumentar la propuesta el Ejecutivo señaló que el objetivo es asegurar el interés público provincial, fortalecer el uso productivo y estratégico de las tierras, garantizar la planificación territorial y resguardar la soberanía territorial efectiva.
Indicó que las tierras fiscales, por su destino y relevancia socioeconómica, “constituyen un activo del patrimonio provincial destinado a políticas de desarrollo productivo de la agricultura, ganadería, forestación, energías renovables, turismo, industria, ordenamiento territorial y ambiental, generación de empleo y prevención de la concentración indebida».
El texto advierte que «permitir una adquisición irrestricta de tierras por capitales internacionales podría subordinar las políticas productivas o ambientales a intereses externos», motivo por el que «se busca evitar la concentración masiva del suelo en manos no nacionales que ponga en riesgo la integridad territorial o el control estatal sobre la matriz productiva”.
El proyecto propicia también la asignación de tierras fiscales hacia personas que tengan vinculación efectiva con la provincia, cumplan condiciones verificables y respeten objetivos de producción sostenible.
