Las estadísticas oficiales del Sistema Nacional de Estadística Criminal del ministerio de Seguridad de la Nación ubican a Neuquén entre las provincias que más redujeron los delitos contra la propiedad. Los datos muestran además una caída muy por encima del promedio nacional tanto en robos como en otros delitos patrimoniales.
Uno de los indicadores más destacados corresponde a los “otros delitos contra la propiedad” que incluyen estafas, defraudaciones, extorciones, usurpaciones y usura. Allí pasó de 5.818 hechos en 2024 a 3.942 en 2025, lo que representa una disminución interanual del 32,7%.
En esta línea se suma la caída de los robos y tentativas, donde los hechos bajaron de 10.491 en 2024, a 7.462 en 2025, lo que equivale a una caída del 29,3 por ciento.
“El que las hace, las paga” comenzó a tomarse en serio en la calle y bajo una política de tolerancia cero, el gobierno de Rolando Figueroa ratifica en números el cambio de estrategia implementado desde el inicio de la gestión.
El fortalecimiento de la infraestructura policial, la ampliación de la capacidad de detención, la desfederalización del microtráfico de drogas y las reformas legales aprobadas por la Legislatura forman parte de un ambicioso plan integral que aumentó la presencia del Estado en los barrios y apuntó a un problema que antes no se atacaba, reducir la reincidencia delictiva.
Otro de los pilares del plan oficial es la lucha contra el narcomenudeo, una competencia que la Provincia asumió este año tras la desfederalización.
En el primer año de aplicación de la nueva legislación se realizaron 246 allanamientos, se secuestraron más de 45 kilos de cannabis, 28 kilos de cocaína, dinero, armas y vehículos, mientras que 323 personas fueron detenidas y alrededor de 100 ya recibieron condena.
En distintas oportunidades, el gobernador sostuvo que la seguridad pasó a ser una prioridad de la gestión y defendió la decisión de invertir recursos propios para fortalecer a la Policía, incorporar tecnología, construir nuevas dependencias y coordinar acciones con la Justicia y el Ministerio Público Fiscal.
