La factura la pagamos nosotros; la deuda la acumuló el Municipio. Esta semana pasó en San Martín de los Andes algo que parece un chiste, pero no lo es: el EPEN le cortó el suministro eléctrico al propio Municipio y al Concejo Deliberante por una deuda multimillonaria.

La luz volvió después de un compromiso de pago cuyos términos todavía no se conocen, y el Ejecutivo explicó que necesita el aval del Concejo Deliberante (hoy en receso invernal, aunque ello no impide convocar a una sesión extraordinaria si la urgencia realmente lo amerita; yo afirmo que sí, ¿ustedes?) para refinanciar la deuda, mientras responsabiliza al convenio vigente con el ente.

Como vecina, leí la noticia dos veces. Porque ese convenio lo conozco, y lo conozco por la peor vía: mi boleta de luz. Desde 2006, mediante la Ordenanza N.º 7158, el EPEN cobra junto con la factura eléctrica la tasa de alumbrado público y la contribución municipal.

Esa contribución que pagamos todos los meses está destinada, precisamente, a compensar el consumo eléctrico de las dependencias municipales. Dicho en criollo: la luz de las oficinas públicas la venimos pagando los vecinos, boleta tras boleta, desde hace casi veinte años.

Sin embargo, la deuda creció hasta el punto de que al propio Municipio le cortaron el servicio. La pregunta ya no es solo inevitable: es urgente. Si durante casi veinte años los vecinos pagamos esa contribución específica, ¿cómo se explica que el Municipio haya llegado al punto de que le suspendieran el suministro por falta de pago? ¿Qué ocurrió con esos recursos mientras el Ejecutivo encontraba fondos para otras prioridades?

Y esto dejaría de ser un simple papelón administrativo si un corte de luz, en esta ciudad, no pudiera transformarse, una vez más, en un problema ambiental y sanitario.

La planta de tratamiento cloacal ubicada sobre la costa del lago Lácar funciona desde fines de 2025 sin energía de respaldo porque su grupo electrógeno se incendió y nunca fue repuesto. Cada interrupción del suministro detiene el tratamiento y provoca el vuelco de líquidos cloacales sin tratar al lago. Al mismo lago del que tomamos agua. Al mismo lago que identifica a San Martín de los Andes y sostiene buena parte de su actividad turística.

Nada de esto es una sospecha. Lo reconoció por escrito la Cooperativa de Agua Potable al informar que el sistema opera al límite, con equipos de 1996 y ampliaciones prometidas para 2008 y 2018 que nunca se concretaron. Lo advirtió Parques Nacionales al intimar al Municipio por el riesgo ambiental y sanitario.

También lo señalaron la Defensoría del Pueblo y el propio Organismo de Control Municipal; el mismo que, cuando solicitamos formalmente la documentación al amparo de la Ley 25.831, respondió doce páginas sin acompañar un solo documento. La playa ya debió clausurarse en diciembre de 2024, septiembre de 2025 y enero de este año.

Frente a esta situación, los vecinos no nos quedamos de brazos cruzados. Presentamos pedidos de informes, solicitudes de pronto despacho, pedidos de declaración de emergencia ambiental y sanitaria, intimaciones y consultas formales sobre las actuaciones del Municipio. Todo por expediente y respetando los canales institucionales. Muchas respuestas todavía no llegaron y otras llegaron vacías.

Mientras tanto, la ciudad continúa discutiendo un Plan de Ordenamiento Territorial que proyecta mayor desarrollo urbano y más demanda sobre un sistema cloacal que el propio Municipio reconoce como colapsado. Incluso advertimos al Concejo Deliberante que las minutas oficiales de las reuniones de las Comisiones Transitorias del POT no reflejaban fielmente las intervenciones realizadas por los vecinos y solicitamos postergar su tratamiento hasta garantizar un registro completo y transparente. Esa garantía todavía no llegó.

El 6 de julio solicitamos el expediente completo de la contratación directa, sin licitación, por más de 33 millones de pesos, aprobada mediante el Decreto N.º 1462/26, a favor de la Asociación Civil Pro Patagonia para la realización de un estudio de impacto ambiental y social vinculado al proyecto de pavimentación de los callejones y la construcción de tres rotondas sobre la Ruta 40.

Cabe preguntarse, además, si entre quienes integran la conducción de esa Asociación y quienes ocupan u ocuparon cargos en el Estado existe alguna superposición de funciones. No lo afirmo: lo pregunto. Porque precisamente ese es el tipo de interrogantes que una contratación directa, sin licitación, obliga a formular y que solo pueden despejarse con información pública completa y transparente.

Días después, el EPEN le cortó la luz al propio Municipio y al Concejo Deliberante por falta de pago. Lo más preocupante no es solamente el corte de luz; lo verdaderamente grave es que ese hecho dejó al descubierto un problema mucho mayor: una administración que recauda una contribución específica para afrontar el consumo eléctrico de las dependencias públicas, pero terminó acumulando una deuda multimillonaria, poniendo en riesgo servicios esenciales y obligando, una vez más, a los vecinos a preguntar dónde estuvieron las prioridades.

Este planteo no busca descalificar personas; busca exigir transparencia, acceso a la información pública, responsabilidad en la administración de los recursos y decisiones que protejan el interés general.

Resulta imprescindible:

• Informar cuánto se debe, desde cuándo y qué ocurrió con la contribución que los vecinos pagamos dentro de la factura eléctrica.

• Informar el objeto real de la contratación directa a la Asociación Civil Pro Patagonia, quiénes la autorizaron y cuáles fueron los fundamentos para prescindir del procedimiento licitatorio.

• Que la planta de tratamiento recupere de inmediato un sistema de energía de respaldo antes del próximo corte y no después del próximo derrame.

• Que el Municipio, el EPEN y la Cooperativa de Agua coordinen acciones para garantizar que la infraestructura sanitaria nunca vuelva a quedar sin electricidad.

• Que las respuestas a los ciudadanos lleguen dentro de los plazos legales y dejen de ser doce páginas para no responder lo que realmente se preguntó.

Los vecinos no administramos los recursos públicos, pero sí los financiamos. Cada factura, cada tasa y cada impuesto representan un voto de confianza en que esos recursos serán administrados con responsabilidad. Cuando esa confianza se rompe, no alcanza con explicar lo ocurrido: corresponde rendir cuentas.

No hace falta ser técnico, abogado ni contador. Hace falta algo mucho más simple y, al parecer, mucho más difícil de encontrar: SENTIDO COMÚN, HONESTIDAD,TRANSPARENCIA y RESPETO por los recursos públicos.

Porque administrar no es solamente recaudar: es rendir cuentas. Gobernar no es buscar excusas: es asumir responsabilidades. Los vecinos ya cumplimos con nuestra parte. Ahora les corresponde a quienes administran el Estado cumplir con la suya. Las respuestas ya no pueden seguir esperando.

Valeria López Oronoz

DNI 22.274.864

Vecina de San Martín de los Andes, Neuquén