Ante los recientes hechos de violencia que involucran a alumnos de escuelas secundarias de San Martín de los Andes
Somos un grupo de familias de alumnos de la E.P.E.T. N.º 12 Ing. Juan Carlos Fontanive de San Martín de los Andes y queremos hacer pública nuestra preocupación ante una serie de situaciones de violencia que se han producido en los últimos días y que involucran a alumnos de dos escuelas secundarias de nuestra ciudad: la E.P.E.T. N.º 12 y el C.P.E.N. N.º 28.
No buscamos exponer ni identificar a ningún menor. Tampoco pretendemos desconocer los derechos que asisten al adolescente involucrado. Como familias, entendemos que todos los chicos tienen derecho a la educación, al acompañamiento y a que se trabaje sobre las situaciones que atraviesan.
Pero también nos preguntamos: ¿quién garantiza los derechos, la integridad y la seguridad de los demás alumnos mientras esto sucede?
Uno de los hechos que más nos movilizó ocurrió cuando una alumna fue agredida por otros estudiantes a la salida anticipada de la escuela, mientras se encontraba en una parada de colectivo ubicada a aproximadamente una cuadra del establecimiento. La agresión provocó heridas en el rostro de la alumna y generó una enorme preocupación entre las familias.
Según la información que recibimos posteriormente, uno de los alumnos involucrados ya contaba con antecedentes de situaciones de violencia en otra institución educativa y había sido trasladado a la E.P.E.T. N.º 12. Desde la propia institución se nos explicó que se había trabajado en un plan de acompañamiento para favorecer su permanencia escolar y garantizar su derecho a estudiar.
Sin embargo, las familias nos encontramos hoy ante una situación que consideramos muy grave. Existen chicos que tienen miedo de hablar, de contar lo que sucede o de manifestar situaciones que los afectan por temor a posibles represalias. También hemos tomado conocimiento de situaciones de amenazas que habrían involucrado incluso a docentes.
Hoy la preocupación ya no es solamente por un hecho puntual. Es por el clima que se está generando y por la sensación de inseguridad que tienen nuestros hijos.
En una reunión mantenida con las familias, las autoridades de la institución nos manifestaron que existen limitaciones respecto de las medidas que pueden tomar y que la expulsión del alumno no es una alternativa disponible. También se nos explicó que, si las autoridades educativas superiores consideran que se está vulnerando su derecho a la educación, el alumno podría eventualmente regresar a clases.
Nosotros no queremos que se vulneren los derechos de ningún adolescente. Pero tampoco aceptamos que la única alternativa para garantizar ese derecho sea poner en riesgo o generar miedo en los demás alumnos y docentes.
Creemos que deben existir otras respuestas.
Por eso solicitamos públicamente la intervención de las autoridades educativas correspondientes y que se adopten medidas concretas que permitan garantizar la seguridad y la integridad de todos los alumnos y trabajadores de las instituciones involucradas.
Queremos que nuestros hijos puedan ir a estudiar sin miedo. Queremos que puedan hablar cuando algo les sucede sin temor a represalias. Queremos que los docentes puedan trabajar sin sentirse amenazados.
Y queremos que esto se resuelva desde un lugar que contemple los derechos de todos los chicos, no solamente los de aquel que protagoniza situaciones de violencia.
Como familias, confiamos nuestros hijos a las instituciones educativas. Creemos que la escuela debe ser un lugar de aprendizaje, contención y cuidado. Cuando ocurren hechos de esta gravedad y se instala el miedo entre los alumnos, entendemos que las autoridades deben intervenir y brindar respuestas claras.
Por este motivo decidimos hacer pública nuestra preocupación y solicitar que las autoridades educativas provinciales tomen conocimiento de la situación y nos den garantías concretas de que nuestros hijos podrán continuar asistiendo a clases en condiciones de seguridad.
Familias de alumnos de la E.P.E.T. N.º 12
