El fiscal jefe Gastón Ávila, y el asistente letrado Federico Sura formularon cargos a ocho personas acusadas de integrar una organización dedicada al comercio de estupefacientes en Junín de los Andes. Fue tras una investigación que permitió reconstruir su funcionamiento, roles y puntos de venta.

Los delitos que el representante de la fiscalía les atribuyó son comercio y tenencia de droga con fines de comercialización, ambos agravados por la participación organizada de tres o más personas, en calidad de coautores.

De acuerdo con la acusación del Ministerio Público Fiscal, entre el 7 de enero y el 30 de abril de 2026 los acusados comercializaron droga de manera organizada, con una división de tareas definida.

La organización utilizó distintos domicilios como puntos de acopio, fraccionamiento y comercialización. Inicialmente operaron en una vivienda de calle Los Maitenes y luego en otra de calle 25 de Mayo y, finalmente, en una casa del Barrio Nehuenche.

La jueza de garantías Vanesa Macedo Font, que estuvo a cargo de la audiencia, avaló la formulación de cargos de acuerdo con lo solicitado por la fiscalía y rechazó el pedido de prisión domiciliaria.

Dispuso a los acusados la prohibición de mantener contacto o de ejercer actos de perturbación, intimidación o violencia respecto de una persona vinculada a la investigación y la prohibición de contacto con los restantes integrantes de la organización.

Tras la decisión de la magistrada, los representantes de la fiscalía solicitaron la revisión de la resolución en cuanto al rechazo de las prisiones domiciliarias