Cuatro veces al año el Instituto Provincial de Juegos de Azar (IJAN) sorteará a un grupo de funcionarios de Neuquén que deberá realizar el examen toxicológico obligatorio, como requisito para continuar en el cargo.
Esto incluye al gobernador y su gabinete, directivos de organismos autárquicos, el fiscal de Estado y la asesora General de Gobierno. Negarse equivale a un resultado positivo y habilita sanciones.
De acuerdo al decreto 234, el gobierno provincial enviará al IJAN el listado de las personas alcanzadas por la ley 3531. A partir de esa base se harán los sorteos trimestrales los meses de enero, abril, julio y octubre.
El IJAN tiene 24 horas para comunicar al ministerio de Salud la nómina de testeados de ese mes. La muestra se tomará en los laboratorios y centros médicos autorizados, por fuera de la capital, serían los hospitales cabecera.
Los exámenes se realizan sobre muestras de orina. Las pruebas rápidas consisten en un screening de drogas que detecta la presencia de sustancias psicoactivas prohibidas o fármacos recetados, buscando no solo la droga sino también sus metabolitos (productos de su descomposición) e indicando un consumo reciente.
Si la persona cuenta con prescripción médica sobre alguna sustancia tiene que presentarla dentro de las 48 horas de tomada la muestra. La negativa injustificada es considerada un resultado positivo y activa el procedimiento que puede terminar con la expulsión.
El costo del examen está a cargo de la persona testeada y se descuenta de los haberes. El dinero deberá ser transferido a la cuenta de recupero financiero de los servicios de salud.
En el caso de que el examen dé positivo, hay una ventana de 24 horas para la contraprueba en un laboratorio distinto y puede contar con un perito bioquímico de parte, a su exclusivo cargo.
Esta reglamentación es de aplicación en el ámbito del Poder Ejecutivo provincial, administración central, organismos autárquicos, descentralizados, empresas del Estado y sociedades con participación estatal mayoritaria.
La confidencialidad y privacidad son principios rectores de este procedimiento, sin embargo, los funcionarios que se han sometido a los test -como el propio gobernador- difundieron luego los resultados.
