Durante más de una semana, la Secretaría de Planeamiento permaneció sin atención al público debido a una “asamblea permanente”, lo que provocó la paralización de trámites y obras, con perjuicios para profesionales, empresas y trabajadores.

Ante esta situación, la Contraloría se presentó ante la Subsecretaría de Trabajo para verificar si el conflicto había sido denunciado conforme a la normativa vigente.

La respuesta fue negativa: no existía ninguna presentación formal, ni por parte de los gremios, ni de los trabajadores, ni del Ejecutivo Municipal. Esta verificación quedó asentada en actas oficiales.

Al no cumplirse los pasos legales exigidos, la medida de fuerza carece de validez legal.

Por ese motivo, la Contraloría solicitó al Intendente el descuento de los días no trabajados, en resguardo del presupuesto municipal.