A pedido de la asistente letrada Gabriela Pellico, una jueza de garantías extendió por 2 meses la investigación y las medidas de coerción que pesan sobre cuatro personas imputadas por una tentativa de homicidio calificado y privación ilegítima de la libertad.

La representante del Ministerio Público Fiscal fundamentó que aún falta realizar una pericia de ADN y la apertura de teléfonos secuestrados, en un contexto en el que persisten los riesgos procesales que justifican mantener las restricciones.

El caso se originó el 22 de agosto, cuando la víctima fue golpeada, apuñalada y rociada con alcohol dentro de una vivienda de San Martín de los Andes. De acuerdo con lo informado oportunamente, se trata del principal testigo de una investigación por microtráfico de drogas y corre un riesgo grave, razón por la cual la fiscalía ha insistido en medidas estrictas para asegurar su protección y el desarrollo del proceso.

Por el hecho están imputados tres varones: M.Z., S.A.C. y J.A.L., quienes continúan detenidos en domicilios de San Martín de los Andes y Neuquén; además de C.I.V., cuya situación cautelar es distinta debido a un incumplimiento registrado el 14 de noviembre.

Ese día la imputada —que cumplía prisión domiciliaria con tobillera— fue detectada dos veces fuera del perímetro, por lo que Pellico solicitó que volviera a cumplir prisión preventiva.

El juez Ignacio Pombo coincidió con la representante de la fiscalía, por lo que C.I.V quedó detenida en la Comisaría 52 de Centenario.  En ese caso, aún se debe revisar la medida, tal como solicitó la defensa de la imputada.

En la audiencia, la jueza Laura Barbé hizo lugar a todos los pedidos de la fiscalía y resolvió prorrogar el plazo de investigación hasta el 22 de enero de 2026, además de extender las medidas cautelares hasta esa misma fecha. En el caso de C.I.V., la modalidad de cumplimiento permanecerá sujeta al resultado de la audiencia de revisión solicitada por su defensa.