Una oficial subinspectora que cumple funciones en la Comisaría de la Mujer, Niñez y Adolescencia denunció a su superior, una comisaria a cargo de la dependencia, por presuntos malos tratos, gritos y humillaciones en el ámbito laboral.
Según consta en la presentación realizada a comienzos de octubre, la denunciante aseguró haber sido víctima de agresiones verbales y destrato en reiteradas ocasiones durante los últimos dos años, tiempo en el que la actual jefa se desempeña en el cargo.
En su testimonio, la oficial relató que los malos tratos ocurrieron incluso frente a otras compañeras de trabajo y personas que acudían a la dependencia para denunciar hechos de violencia doméstica. Además, acompañó su denuncia con testigos que habrían presenciado algunos de los episodios señalados.
Uno de los hechos mencionados en la denuncia detalla que la comisaria la habría increpado mientras comía, diciéndole que debía hacerlo “en su casa”. “Le expliqué que tenía hambre y que además no había luz para seguir escribiendo en la computadora. Me respondió que debía comer en mi casa. Le expliqué que debía tomar el colectivo hacia Junín y que aprovechaba unos minutos para hacerlo. Fue una situación humillante delante de mis compañeros”, relató la denunciante.
La mujer también intentó dejar constancia de que lo que sufría se enmarca en una situación de violencia de género en el ámbito laboral, aunque aclaró que esta figura no se encuentra tipificada dentro del régimen interno, por lo que la denuncia se encuadró como una actuación administrativa.
En el escrito, la oficial manifestó su decisión de no volver a prestar servicios en esa comisaría, argumentando que el trato recibido hizo insostenible la convivencia laboral.
En tanto, trascendió que la comisaria denunciada ya había sido objeto de otra denuncia previa por violencia de género, realizada por su expareja, motivo por el cual se encuentra actualmente sin su arma reglamentaria.
Este nuevo caso generó malestar dentro de la fuerza, donde algunos efectivos expresaron su preocupación por el hecho de que una persona con antecedentes vinculados a episodios de violencia continúe al frente de una dependencia especializada en la atención de víctimas.
Fuentes consultadas indicaron que se esperan actuaciones internas y administrativas para determinar la veracidad de los hechos y evaluar si corresponde algún tipo de medida disciplinaria o preventiva.
