Una vez más, la crisis carcelaria quedó al descubierto durante un proceso que está bajo investigación en la ciudad de San Martín de los Andes.
A pesar de la contundente oposición del representante del Ministerio Público Fiscal (MPF), una jueza aceptó un pedido de cambio de medida cautelar para tres hombres que están acusados de un salvaje intento de asesinato. Los imputados dejaron su encierro en calabozos de unidades policiales y cumplirán las preventivas en distintos domicilios.
En una audiencia realizada el jueves 18 de septiembre de 2025, la jueza de garantías Laura Barbé resolvió otorgar prisión domiciliaria a las tres personas imputadas por intentar asesinar con ensañamiento a un hombre en San Martín de los Andes.
La decisión fue adoptada a partir de un pedido de la defensa, que presentó informes oficiales respecto de la capacidad de las distintas comisarías y unidades de detención en la provincia, y a pesar de la oposición del fiscal jefe Gastón Ávila. Este último, por el contrario, solicitó mantener las prisiones preventivas vigentes.
Víctima apuñalada y rociada con alcohol
La investigación que tiene en la mira a cinco peligrosos delincuentes se originó el 22 de agosto, cuando la víctima fue golpeada, apuñalada y rociada con alcohol en una vivienda de San Martín de los Andes.
Según se indicó oportunamente, es el principal testigo de una investigación por microtráfico de drogas y corre grave riesgo, y por esa razón, el fiscal jefe continúa solicitando medidas estrictas para protegerlo y garantizar el proceso judicial.
Por este hecho hay tres hombres imputados, M.Z., S.A.C., J.A.L., y una mujer, C.I.V. También participó una persona menor de edad y no punible, mientras que la mujer acusada continúa detenida en dependencias de la Policía Federal en San Martín de los Andes.
Tras el pedido de la defensa, la jueza Barbé ordenó que las detenciones se cumplan en domicilios previamente informados: dos en la ciudad de Neuquén y uno en San Martín de los Andes, con custodia policial permanente las 24 horas. También dispuso además una prohibición absoluta de contacto con la víctima y testigos, y que las personas acusadas no puedan salir de las viviendas.
